El control de las empresas energéticas: gobierno vs privado
Vuelve a estar en el ojo de la polémica la propiedad (su cambio de manos, se entiende) de una empresa energética. En el trasfondo, como es evidente, se encuentra la importancia que tiene el control de un recurso tan estratégico como la energía.
Por si acaso alguien está despistado, esto viene a cuento de la posible venta de una parte importante del accionariado de Repsol (la mayor empresa energética española) a la empresa rusa Lukoil.
Sin embargo, la soberanía energética va más allá de ver quién es el dueño de tal o cual compañía energética.
Las vacas flacas han puesto de manifiesto que los valores y criterios con que se actuó en tiempos de bonanza, a lo mejor, no son los que deben regir ahora, provocando interesantes –y aparentes- contradicciones como la de que el partido de derechas (supuestamente más liberal) abogue por el intervencionismo para abortar la operación y el partido de izquierdas (supuestamente más intervencionista) alegue que es una operación privada sobre una empresa privada en un mercado libre. Cosas de la nueva política en la que la ideología salta por la ventana cuando otros intereses entran por la puerta.
Lo peculiar es que esos "otros intereses" no son puramente monetarios, sino, como decía al principio, es el control de un recurso estratégico.
Los grupos de izquierda que no han pasado por el gobierno y los ecologistas llevan criticando las privatizaciones de este tipo de empresas, reclamando que su control debería estar bajo el paraguas del estado. Y ahora la realidad les podría dar la razón.
Sin embargo, la soberanía energética va más allá de ver quién es el dueño de tal o cual compañía energética; lo verdaderamente importante es el "para qué".
El problema de una empresa privada es que se la presupone supeditada a su negocio, pudiendo sacrificar el interés ciudadano.
El problema de una empresa extranjera es que se la presupone poco sensible a los intereses nacionales.
Sumemos ambos problemas y tenemos la preocupación nacional por que Repsol (española) compre YPF (argentina)….. uppsss! Perdón me he saltado… que estábamos hablando de que Lukoil (rusa) pudiese comprar Repsol (española). Ya veis, que cuando el interés entra por la puerta, la ideología salta por la ventana: probablemente, pocos de los que hoy critican el movimiento ruso, criticaron entonces el movimiento español.
Sin embargo, la soberanía energética va más allá de ver quién es el dueño de tal o cual compañía energética; lo verdaderamente importante es el "para qué". Y lo segundo más importante es el "cómo" se alcanzan las decisiones para llegar a ese "para qué".
¿Podemos suponer que una empresa con control gubernamental actuaría con mejor criterio para alcanzar el objetivo final? Pero ¿cuál es ese objetivo final?
Para mí, sin lugar a dudas, la energía debe ser una herramienta de desarrollo humano y social. No voy a hablar, ni siquiera, de crecimiento económico… entrego ese punto a los decrecionistas.
Y el problema de una empresa energética gubernamental es que se le presupone, por defecto, que va a actuar a favor de la ciudadanía y no es así.
La gran ventaja de la propiedad privada es que sus criterios de actuación son claros: crear valor a los accionistas, ganar dinero… llamadlo como queráis. Y tiene que actuar bajo leyes públicas y escritas: las que marque el gobierno y los legisladores.
El gran inconveniente de una empresa controlada por el gobierno es que puede actuar por intereses económicos y/o políticos y/o de interés social y/o de interés personal de tal o cual político y/o… La presunción de que actúa por el bien del ciudadano le permite actuar con carta blanca –no se suele regular tanto ese sector -, a lo que se le suma otro riesgo: el promotor y el autorizante de una determinada instalación es el mismo. Es como si un acusado se juzgase a sí mismo esperando que actúe con ecuanimidad por el mero hecho de que también es juez.
¿Queréis ejemplos? La declaración de impacto ambiental del transvase del Ebro, muy polémico y finalmente derogado debido a un cambio del partido gobernante se tramitó con sólo tres meses, aún consiguiendo recibir una de las mayores cantidades de alegaciones por parte de la ciudadanía. Ese plazo es tan ridículo comparado con el tiempo y cuidado que se dan en otros proyectos que sólo puede explicarse de una forma: se obviaron (la mayor parte de) dichas alegaciones.
Os daré otro ejemplo más cercano al mundo energético. La planta de regasificación de Mugardos, promovida por Reganosa, en cuyo accionariado participa la Xunta de Galicia, comunidad en la que se localiza. Fue aprobada con mucha polémica y sin un verdadero concurso de la participación ciudadana.
No voy a ser yo quien diga que estos proyectos no tuvieron que ser aprobados, pero ponen de manifiesto que la participación gubernamental en las empresas no garantiza que se vele por los intereses de la ciudadanía, entrando en juego otros intereses más ocultos y convirtiéndose uno de los jugadores, en juez y parte. Al menos, si las empresas son privadas, existe una separación de intereses, las reglas del juego son claras (las leyes y normas del sector) y los intereses de la empresa están con las cartas boca arriba: el dinero.
Y con esto, no quiero decir que me parece bien que Lukoil compre (y controle) Repsol…
1 comentario
Rafael -
El problema que planteas es sumamente complicado y tiene que ver con la organización de la sociedad en general.
Yo, como ciudadano medio, practicamente siempre me veo apartado de las grandes decisiones. Pero no vamos a hablar de política. Sólo quería apuntar un factor más a la hora de palntear este problema.
La separación aparente entre estado o gobierno y empresas privadas no es real, es decir que la separación entre juez y parte ( a la que aludes) no se da por el hechode privatizar empresas. La prueba de esto es que bastantes políticos después han pasado a las empresas privadas. Hay que tener en cuenta que los sueldos de consejeros y presidentes de estas empresas suelen ser unas 10 ó 20 veces mayores que los de un político. Parece que algunos de estos han usado la política como trampolín para los negocios privados. Tal es así que, si no recuerdo mal, han tenido que hacer una ley que impida que los políticos que han tomado decisiones en un sector puedan tomar después responsabilidades o beneficios en empresas de dicho sector.
Y al final no tengo más remedio que hablar de política. Yo pienso, y no es más que una opinión, que las decisiones y los planes estratégicos de los "servicios para el desarrollo humano y social" (como tú bien dices) deberían estar en manos del poder ejecutivo (la gestión a lo mejor, en parte, no). Pero lo que podría garantizar que juez y parte no recayeran en la misma entidad sería que los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) estuvieran bien separados. También que la participación ciudadana se pudiera canalizar mejor, pero para esto se tienen que implicar más los ciudadanos mismos.
Saludos