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Cuando se aprobó la asignación de derechos de emisión de CO₂ para el periodo 2005-2007, los ecologistas se quejaban de que esta era gratuita. Por supuesto, si alguien quería emitir más de lo que tenía asignado, tenía que gastar dinero comprando estos derechos, pero esos "primeros derechos" no valían un céntimo. Para los ecologistas iba contra el principio "quien contamina, paga".

Ahora estamos en el previo a la asignación para el siguiente periodo 2008-2012 y empiezan las cábalas. Según algunas voces se está planteando la posibilidad que esa asignación deje de ser gratuita.

Sin más prolegómenos os corto-pego un editorial de Expansión que he leído en Enervía (de suscripción), que me ha parecido interesante sobre el tema:

"Al margen de que a unas empresas les guste más que a otras y de que, por lo revuelto que está el patio eléctrico, incluso haya quien acuse al Gobierno de favorecer a unas compañías frente a otras, la posibilidad que baraja el Ejecutivo de cobrar a las industrias en la próxima asignación de derechos contaminantes el periodo 2008-2012 es una idea coherente y acertada. Conviene precisar que este debate no se está planteando sólo en España. También en otros países europeos. De hecho, el Reino Unido ha anunciado hace unos días que subastará el 7% de los derechos contaminantes que otorgará para el segundo plazo del Protocolo de Kioto. Es de esperar que no sea el único. La directiva europea ya contemplaba que los países podrían subastar hasta un 10% de los derechos asignados. La experiencia dice que cuando uno tiene que pagar por algo, pone más cuidado y adquiere sólo lo realmente necesario. Cuando es gratis, no se aprecia y se tiende a pedir más de la cuenta.

Para algunos observadores, eso es lo que parece haber pasado en Europa con el tiempo transcurrido de la primera fase (2005-2007) de Kioto y sería la generosidad de los gobiernos en la asignación de derechos lo que explicaría que, el año pasado, 21 de los 25 Estados miembros de la Unión Europea -Alemania, Francia y Finlandia, entre ellos- emitieran menos gases contaminantes de los que fueron otorgados. En total, se adjudicaron 44 millones más de toneladas de dióxido de carbono de las que finalmente se han utilizado. Por eso, porque está en juego la credibilidad de Europa con el objetivo de Kioto de frenar el efecto invernadero, los gobiernos deben hacer un esfuerzo mayor en la segunda fase ahora que están remitiendo su plan de asignación nacional a Bruselas. Una forma de avanzar en este compromiso es cobrar a las empresas una parte de los derechos de contaminación que se les otorgue y, en el futuro, ir elevando el peso de este paquete de pago. Claro que, para evitar situaciones discriminatorias de unos países frente a otros y de unas tecnologías frentes a otras, lo coherente sería que ésta fuese una práctica en toda la UE perfectamente reglada. Bruselas debería presionar en este sentido, además de adoptar una postura más firme para rechazar programas nacionales que, como algunos que ya le han llegado, no contemplan una reducción de los gases contaminantes para el futuro. "

Las negritas son mías.