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A raíz del incidente de Vandellós, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está elaborando un borrador de normativa para garantizar que este tipo de sucesos no vuelvan a pasar.

Por lo que he leído, hay dos aspectos a destacar (o por lo menos, es lo que destacaba El País en su edición de papel de hoy) son los siguientes:

El primero y al que dedica más líneas es que se crea la figura del "informador", que sería un trabajor de la central que denuncie algún tipo de irregularidad o fallo. El CSN propone que se establezca un procedimiento con el que se garanticen "los derechos generales del ciudadano", es decir, que la denuncia no pueda conducir a un despido o presión por parte de la empresa hacia el empleado.

El otro aspecto que parece llamar la atención es la obligación, por parte de las centrales de estudiar y aplicar, en su caso, las mejoras de seguridad que aparezcan en el mercado, siempre que sea técnica y económicamente viables. Para los críticos, que incluyan lo de "económicamente" no me parece peligroso, sino razonable, porque si no podríamos llegar a un absurdo. Así se establece una obligación de mejora continua en las centrales.

Como he dicho, es un borrador y lo he leído en un periódico generalista, así que habrá que ver realmente qué sale de aquí.